La caída en la tasa de desempleo registrada en febrero de 2025 ha sido celebrada como una buena noticia: con un 9,3 % la cifra más baja desde 2017 y una tasa de ocupación del 59 %, el país ha sumado cerca de un millón de trabajadores más que hace un año. Sin embargo, detrás de estos avances se oculta una realidad preocupante: el crecimiento del empleo ha estado fuertemente marcado por la informalidad.
Datos recientes revelan que ocho de cada diez nuevos empleos en el sector privado carecen de beneficios formales como seguridad social, estabilidad laboral o pensión. Sectores como la agricultura, el comercio y el transporte, tradicionalmente informales, han liderado esta creación de empleo, mientras que actividades económicas más estructuradas, como las finanzas o los servicios inmobiliarios, han registrado incluso pérdida de puestos de trabajo.
La informalidad no es una novedad en Colombia, pero las cifras actuales con un 56,8 % a nivel nacional y más del 80 % en zonas rurales muestran que el problema sigue sin resolverse y afecta a millones de trabajadores, sobre todo a los que pertenecen a las pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas compañías enfrentan regulaciones rígidas y cargas parafiscales que les dificultan incorporar a sus empleados al sistema formal.
Este fenómeno no solo limita el acceso a derechos laborales básicos, sino que pone en jaque el sostenimiento del sistema de protección social del país. Solo una minoría de los trabajadores cotiza de forma constante a pensiones, lo que deja a largo plazo un vacío estructural en el financiamiento de salud, jubilación y seguridad laboral.
Por eso, más allá de las cifras alentadoras del desempleo, el verdadero debate debe girar en torno a cómo lograr que el crecimiento del empleo se traduzca en trabajo digno y formalizado. Es urgente avanzar hacia una reforma laboral que se enfoque en eliminar barreras innecesarias, adaptar las normas a las realidades del tejido productivo, y ofrecer condiciones viables tanto para empleadores como para trabajadores.
Celebrar más empleo es justo. Pero ignorar que la mayoría de esos trabajos no ofrecen garantías mínimas sería cerrar los ojos ante uno de los mayores desafíos sociales y económicos del país.
