Las doce preguntas que el Gobierno nacional pretende someter a consulta popular para revivir su fallida reforma laboral han encendido las alarmas entre expertos económicos y líderes políticos. Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, esta propuesta no solo implicaría un alto costo fiscal, sino que también podría tener efectos negativos sobre el empleo y la formalización laboral en el país.
En entrevista con EL TIEMPO, Mejía advirtió que, de implementarse los cambios contemplados en el cuestionario, el costo mensual de la nómina para microestablecimientos podría aumentar en un 10%, lo cual comprometería seriamente la sostenibilidad de estos negocios, que representan una parte importante del tejido empresarial colombiano. Según cálculos del centro de pensamiento, la medida podría traducirse en la pérdida de al menos 451.000 empleos.
“En lugar de aliviar la informalidad o generar nuevas oportunidades laborales, esta reforma aumentaría las cargas sobre los pequeños empleadores, los mismos que ya enfrentan dificultades estructurales para sobrevivir”, indicó Mejía.
El proyecto de consulta popular todavía no ha sido radicado en el Congreso, pero se espera que lo sea el próximo primero de mayo, coincidiendo con las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro durante el Día del Trabajo. De ser aprobada por el Senado, la propuesta entraría en una fase de campaña de tres meses, tras la cual se necesitaría una participación de al menos 13 millones de ciudadanos para que el resultado tenga validez jurídica.
