El excontralor general Carlos Felipe Córdoba lanzó una dura crítica contra la consulta popular que impulsa el presidente Gustavo Petro para revivir su reforma laboral. A través de su cuenta en la red social X, Córdoba cuestionó tanto el fondo como la forma de la iniciativa, señalando que se trata de un ejercicio costoso, improvisado y potencialmente perjudicial para el empleo en Colombia.
“12 preguntas para derrochar 900 mil millones en un país quebrado, mientras el proyecto del Partido Liberal que defiende a los trabajadores sí avanza. El Gobierno no sabe gobernar, pero sí sabe gastar lo que no tenemos. ¡Colombia no aguanta más improvisación!”, afirmó el exfuncionario, quien también ha expresado su preocupación por la situación fiscal y el creciente endeudamiento del país.
Pero su advertencia no se limita al gasto público. Córdoba también hizo eco de los riesgos laborales que implicaría la aprobación de las medidas propuestas por el Gobierno, subrayando que la reforma que se intenta imponer mediante la consulta pondría en riesgo cientos de miles de empleos, especialmente en sectores altamente sensibles como los pequeños comercios, el agro y los servicios informales.
“Esta no es solo una consulta costosa, es una amenaza real para la estabilidad laboral de millones de colombianos. ¿Cómo se va a hablar de justicia social cuando se elevan los costos para quienes apenas logran sostener sus negocios?”, cuestionó.
Fedesarrollo: hasta 451.000 empleos podrían desaparecer
Los temores de Córdoba son respaldados por cifras concretas. Según Fedesarrollo, el impacto de la reforma que el Gobierno busca validar a través de esta consulta podría traducirse en la destrucción de más de 451.000 empleos. Así lo advirtió su director, Luis Fernando Mejía, quien alertó que los microestablecimientos, columna vertebral del empleo informal y formal en Colombia, serían los más afectados.
Mejía explicó que los cambios planteados en el texto aumentarían en un 10% los costos mensuales de nómina, un margen que muchos pequeños negocios simplemente no podrían asumir. “Este tipo de medidas, lejos de fomentar la formalización, la desincentivan. Lo que se necesita es una reforma laboral seria, técnica, que equilibre derechos y productividad”, señaló.
Una consulta polémica y de alto costo
El Gobierno ha anunciado que la propuesta de consulta será radicada en el Senado el próximo 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo. De ser aprobada, se abriría una campaña nacional de tres meses, con la meta de alcanzar una participación de al menos 13 millones de votantes para que sus resultados sean vinculantes.
La iniciativa ha sido fuertemente cuestionada por su costo estimado de 900 mil millones de pesos, en medio de un contexto fiscal complejo y con múltiples necesidades sociales insatisfechas. Además, desde diversos sectores se ha advertido que recurrir a una consulta popular para revivir una reforma ya archivada por el Congreso representa un precedente riesgoso para la institucionalidad.
Tanto Carlos Felipe Córdoba como Fedesarrollo coinciden en que el camino del diálogo legislativo y la construcción técnica de consensos ofrece una salida más sensata. En contraste, una consulta impulsada con fines políticos podría no solo agravar la situación económica del país, sino también desencadenar consecuencias laborales de gran escala.
