Mientras en las principales ciudades del país se celebran cifras alentadoras sobre el crecimiento del empleo, un fenómeno silencioso empieza a preocupar a economistas y expertos en política laboral: la mayoría de los nuevos trabajos que se están generando en Colombia carecen de condiciones formales. Es decir, más colombianos están trabajando, sí, pero muchos lo hacen sin acceso a seguridad social, pensión, ni estabilidad contractual.
En febrero de este año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó una caída significativa en el desempleo, ubicándolo en 9,3 %. Se trata del nivel más bajo desde 2017. En paralelo, la tasa de ocupación subió al 59 %, lo que indica una reactivación del mercado laboral. En términos netos, cerca de un millón de personas más están trabajando en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Pero cuando se revisa el origen de esos empleos, el panorama cambia. Según análisis de instituciones como el Banco de Bogotá y ANIF, la informalidad ha sido el verdadero motor detrás del repunte laboral. Ocho de cada diez nuevos puestos de trabajo creados en el sector privado no están bajo contratos formales. En zonas rurales, el fenómeno se intensifica: más del 80 % de los trabajadores siguen fuera del sistema legal.
Los sectores que han liderado esta dinámica son conocidos por su alta informalidad: agricultura, transporte, comercio minorista y alojamiento. En contraste, actividades más estructuradas como servicios financieros, inmobiliarios o telecomunicaciones, no solo no han generado empleo adicional, sino que incluso han perdido trabajadores.
Esta brecha laboral, que pone a millones de trabajadores fuera del radar del Estado, también debilita el sistema de protección social del país. Con menos cotizantes a salud, pensión y riesgos laborales, el modelo se vuelve insostenible, advierten analistas. Actualmente, solo una pequeña fracción de los ocupados logra aportar de manera continua a estos sistemas.
El trasfondo del problema es estructural. Para muchas pequeñas y medianas empresas —que representan la mayor parte del aparato productivo colombiano—, formalizar a sus empleados implica una carga financiera y regulatoria difícil de asumir. Desde el Consejo Privado de Competitividad insisten en que las reglas laborales deben adaptarse a la realidad económica de estos negocios si se quiere avanzar hacia un mercado más equitativo.
En ese contexto, el debate sobre la necesidad de una reforma laboral integral vuelve al centro de la conversación nacional. Una que no solo busque reducir el desempleo, sino garantizar que trabajar en Colombia no implique renunciar a derechos básicos. Porque más empleo no siempre significa mejores condiciones, y crecer de forma desigual puede ser tan riesgoso como no crecer.
