La controversia sobre el verdadero estado del empleo formal en Colombia continúa generando debate entre académicos, gremios y autoridades estadísticas. Mientras las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran un crecimiento del empleo formal y una reducción de la informalidad, los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) presentan una realidad distinta, alimentando dudas sobre cuál de las dos fuentes refleja con mayor precisión la situación laboral del país.
En medio de esta discusión, Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, propuso replantear la forma en que Colombia mide la formalidad laboral. Su planteamiento busca superar la confrontación entre ambas metodologías y centrar el análisis en un criterio único: la cotización efectiva a la seguridad social.
La académica considera que gran parte de la polémica surge porque el Dane y la Pila observan fenómenos diferentes y utilizan definiciones distintas para determinar quién es un trabajador formal. Por ello, sostiene que antes de concluir cuál fuente tiene razón, es necesario comprender qué está midiendo realmente cada sistema.
Actualmente, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih), principal instrumento del Dane para medir el mercado laboral, utiliza criterios diferenciados según el tipo de trabajador. En el caso de los empleados asalariados, la formalidad está asociada a la afiliación a salud y pensión derivada de una relación laboral. Sin embargo, para los trabajadores independientes la clasificación depende principalmente de características de la actividad económica, como el registro formal del negocio o la existencia de contabilidad organizada.
Esta diferencia implica que una persona puede ser considerada formal según la encuesta del Dane aun cuando no realice aportes efectivos al sistema pensional. En contraste, la Pila registra únicamente a quienes efectivamente cotizan a salud, pensión y riesgos laborales, convirtiéndose en una base de datos vinculada directamente al sistema de protección social.
Para Morad, esta diferencia metodológica explica parte de las discrepancias observadas entre ambas fuentes. Sin embargo, advierte que existen inconsistencias más profundas que merecen una revisión detallada.
Uno de los aspectos que más inquietud genera es la evolución reciente de las cifras relacionadas con las cotizaciones. Según los resultados de la Geih, el número de personas que reportan aportar simultáneamente a salud y pensión habría aumentado de manera significativa durante los últimos años. No obstante, los registros administrativos asociados a la Pila no reflejan un crecimiento equivalente y, en algunos periodos, incluso muestran estancamientos o retrocesos.
La académica también cuestiona la relación entre el comportamiento de la economía y la evolución del empleo. A su juicio, resulta difícil explicar una caída pronunciada en los niveles de desempleo en un contexto de crecimiento económico moderado, lo que refuerza la necesidad de examinar con mayor profundidad las diferencias entre ambas fuentes estadísticas.
Más allá del debate técnico, Morad subraya que las cifras laborales tienen consecuencias directas sobre la formulación de políticas públicas. La cantidad de trabajadores formalmente protegidos determina aspectos fundamentales como la sostenibilidad del sistema de salud, la cobertura pensional futura, la financiación de programas sociales y la efectividad de reformas laborales y pensionales.
Desde esta perspectiva, la directora del Observatorio Laboral considera que una medición imprecisa podría conducir a diagnósticos erróneos y, por ende, a decisiones públicas que no respondan a las necesidades reales de la población trabajadora.
La propuesta de la Universidad Javeriana consiste en adoptar una definición única de formalidad basada exclusivamente en la afiliación y cotización efectiva a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales. Bajo este esquema, todos los trabajadores serían evaluados con el mismo criterio, independientemente de si son asalariados, independientes, empleados públicos o trabajadores por cuenta propia.
Según Morad, este modelo permitiría identificar con mayor claridad cuántas personas cuentan realmente con protección social y dónde se concentran las principales brechas que requieren intervención estatal.
No obstante, la propuesta también tendría implicaciones importantes. Una de ellas sería la pérdida de comparabilidad internacional, ya que Colombia dejaría de utilizar los estándares promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales sirven actualmente como referencia para la construcción de estadísticas laborales en numerosos países.
El Dane, por su parte, ha defendido la metodología vigente argumentando que responde precisamente a esos lineamientos internacionales. La entidad sostiene que la informalidad laboral debe analizarse desde múltiples dimensiones, incluyendo tanto las características de las empresas como las condiciones de protección de los trabajadores.
La directora del Dane, Piedad Urdinola, ha explicado que las diferencias entre la Geih y la Pila son normales debido a que cada fuente cumple propósitos distintos. Mientras la encuesta recoge información declarada directamente por los hogares y busca representar la totalidad del mercado laboral, la Pila registra exclusivamente los aportes efectivamente realizados al sistema de seguridad social.
Además, recordó que dentro de los registros administrativos aparecen personas que no necesariamente están ocupadas laboralmente, como estudiantes, pensionados, beneficiarios de programas especiales o cotizantes voluntarios. Por esta razón, considera indispensable realizar procesos de depuración antes de utilizar dichos datos para medir empleo.
La controversia se intensificó luego de la publicación de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Antioquia, en el que se identificaban diferencias significativas entre las cifras reportadas por el Dane y las observadas en la Pila. El análisis sugería que, mientras las estadísticas oficiales mostraban una expansión del empleo formal, los registros de aportes reflejaban una disminución en el número de cotizantes.
El debate también ha despertado el interés de sectores empresariales y gremiales que han solicitado mayores explicaciones sobre la consistencia de los indicadores laborales. En respuesta, el Dane ha reiterado que mantiene abiertos espacios de diálogo con académicos, investigadores y representantes del sector privado para aclarar aspectos metodológicos y fortalecer la comprensión de las distintas fuentes de información.
Mientras continúa la discusión, la propuesta de la Universidad Javeriana abre una nueva línea de análisis sobre cómo medir la formalidad laboral en Colombia. Más allá de determinar cuál cifra es correcta, el planteamiento invita a reflexionar sobre qué indicador resulta más útil para diseñar políticas públicas, evaluar la protección de los trabajadores y responder a los desafíos de un mercado laboral cada vez más complejo y diverso.
La pregunta de fondo, según los expertos, no es únicamente cuántos colombianos tienen empleo, sino cuántos cuentan realmente con las garantías y mecanismos de protección que les permitan construir una trayectoria laboral segura y sostenible a largo plazo.
